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Sector
Programas anticorrupción y de integridad para empresas que participan en licitaciones y contratos con entidades públicas, con controles aplicables desde la preparación de la oferta hasta la ejecución del contrato.
Riesgos del sector
Contratar con el Estado implica una exposición específica a riesgos de corrupción y de prácticas anticompetitivas, y una atención mayor de las autoridades de control. En los países de la región, los delitos de cohecho, colusión y tráfico de influencias figuran entre los que pueden generar responsabilidad para la persona jurídica o sanciones administrativas, según el régimen de cada país. Por ello, las empresas proveedoras del Estado necesitan controles específicos, proporcionados y demostrables en cada fase del ciclo de contratación.
Cualquier ventaja ofrecida a funcionarios para obtener un contrato, una adjudicación, una aprobación o un pago puede constituir un delito o una infracción, con independencia de su cuantía.
Los acuerdos o intercambios de información con competidores sobre precios, participación o reparto de licitaciones son un riesgo relevante, también en el marco de consorcios.
Las relaciones personales, familiares o laborales con funcionarios de la entidad contratante y la incorporación de exfuncionarios requieren procedimientos de declaración y gestión.
Los agentes, asesores comerciales y gestores que actúan ante entidades públicas son una de las vías más frecuentes de pagos indebidos y requieren una debida diligencia reforzada.
Adicionales, modificaciones, recepciones y pagos generan nuevos contactos con funcionarios y riesgos que se mantienen hasta el cierre del contrato.
El diagnóstico inicial identifica los riesgos concretos de su actividad y país.
Enfoque
Evaluación de riesgos por fase del ciclo de contratación: preparación de la oferta, adjudicación, ejecución, modificaciones y cierre.
Políticas anticorrupción claras sobre regalos, invitaciones, reuniones con funcionarios y uso de intermediarios, adaptadas al régimen de cada país.
Debida diligencia reforzada de socios de consorcio, subcontratistas y gestores, con registro de las decisiones tomadas.
Formación específica para equipos comerciales y de proyecto, canal de denuncias operativo y revisión periódica del programa.
Servicios
Ayudamos a su empresa a prevenir y detectar riesgos de corrupción y soborno en su relación con funcionarios, clientes, proveedores e intermediarios, con controles proporcionales y verificables.
Diseñamos e implantamos un procedimiento proporcional para evaluar a clientes, proveedores, intermediarios y socios comerciales, con criterios de riesgo claros y evidencias de cada revisión.
Diseñamos canales de denuncias accesibles y confiables, con procedimientos de recepción, investigación y respuesta que protegen a las personas informantes y generan trazabilidad.
Diseñamos e impartimos formación práctica en compliance, adaptada a los riesgos de su empresa y a las funciones de cada persona, con evaluación y registros que permiten acreditarla.
FAQ
¿Es obligatorio tener un programa anticorrupción para contratar con el Estado?
Depende del país, de la entidad contratante y del tipo de contrato. En algunos casos se exige de forma expresa y en otros se valora o se solicita contractualmente. Aun cuando no sea exigible, es una medida razonable para cualquier proveedor habitual del Estado.
¿Un programa anticorrupción garantiza que la empresa no será sancionada?
No. Ningún programa elimina por completo el riesgo ni garantiza la exclusión de responsabilidad. Un programa efectivamente implementado reduce la probabilidad de incumplimientos y, según el régimen de cada país, puede ser relevante para eximir o atenuar la responsabilidad.
¿Cómo se gestionan los intermediarios que trabajan con entidades públicas?
Con una selección documentada, verificación de antecedentes, justificación del servicio y de la remuneración, cláusulas contractuales específicas y seguimiento de su actuación durante la relación.
Solicite un diagnóstico inicial para evaluar los controles anticorrupción de su empresa y las prioridades para cada fase del ciclo de contratación pública.
